LA CONSTANTE
BATALLA ENTRE DEMOCRACIA Y DICTADURA
Desde el frente
democrático opositor, uno de los principales candidatos a la Presidencia de
Bolivia, sin rubor alguno, está proponiendo la eliminación del Tribunal Constitucional.
Y absolutamente nadie ha salido a contrariarlo.
La ola democratizadora
global posterior a la postguerra mundial, y luego la que sobrevino a la
caída del muro de Berlín, tuvo entre uno de sus estandartes la instauración de
la Jurisdicción Constitucional, y más propiamente, de la Justicia
Constitucional, a través de la implementación de Tribunales o Cortes
Constitucionales, como órganos extra poder e independientes de las
tradicionales ramas o poderes del Estado; reforma que permitió prácticamente en
todos los países en donde fueron instaurados estos Tribunales, un enorme avance
y posicionamiento del Estado de Derecho, el Pluralismo y los Derechos Humanos
en general.
Alemania, Italia, España
y la mayor parte de Europa continental; Corea del Sur, Tailandia y Taiwán;
Sudáfrica; Colombia, Perú, Chile y una gran mayoría de países de América Latina,
incluida Bolivia, son quienes, durante los periodos indicados, fueron adscribiéndose
a este sistema concentrado y kelseniano
de control de constitucionalidad.
Sin duda alguna este
modelo de defensa de la Constitución y la Democracia, constituyó un gran acierto
y prodigó excelentes resultados en todas las naciones donde se lo cobijo.
Sin embargo, la perenne lucha entre el bien y el mal
o, en este caso concreto, la constante batalla entre la Democracia y las
Dictaduras o Autocracias, habida cuenta de la potente arma en que se constituyeron
los Tribunales Constitucionales, impelió a que los nuevos tiranuelos del autodenominado
“Socialismo del Siglo XXI”, maquinen
renovados mecanismos para socavar la Democracia y poder así hacerse con el
poder absoluto, lo cual significó, paradójicamente, descubrir que con la toma y
el control del nuevo invento, es decir, del propio Tribunal Constitucional, ya
no era necesario colocar ni un solo tanque en las calles, ya que era posible, y
mucho más eficiente para un golpe certero a la Democracia, confirmar o implementar
todas las medidas deseadas o convenientes para el autócrata, a través de un Tribunal
Constitucional absolutamente acólito a éste y a quien ninguna otra Institución le
sea dado desautorizarlo. ¡La piedra filosofal o de toque, había sido
descubierta, y las Dictaduras podían ahora instaurarse por la vía “constitucional”!
El pionero en
implementar este nuevo mecanismo para la subversión de la Democracia y la
instauración de una Dictadura, fue el Comandante sandinista, Daniel Ortega,
quien antepuso a la expresa prohibición de reelección presidencial dispuesta
por la Constitución de Nicaragua, una exprofesa Sentencia interpretativa expedida
por su propia Corte Constitucional que disponía lo contrario. Todo lo demás es
historia conocida, pues frente a nuestros ojos y en muy pocos años, la joven
democracia nicaragüense fue aniquilada por este Dictador, erigiendo a ese desdichado
país, en uno que compite en crueldad y pobreza con la veterana dictadura
cubana.
El siguiente tiranuelo
en tomar esta posta, como todos los bolivianos bien saben, fue el Presidente
Evo Morales, quien anteriormente, mediante “estrategias
envolventes”, término que posteriormente utilizaron sus propios correligionarios
al reconocer con sorna las violaciones que ellos mismos perpetraron contra la
Constitución, para llevar a cabo las primeras reelecciones presidenciales,
siempre prohibidas por la Constitución boliviana; que en esta ocasión, para lograr su codiciada
cuarta reelección consecutiva, echó mano por completo a esta “eficaz herramienta
constitucional” con la que logró una vez más, no solo pasar por alto una
expresa prohibición constitucional, sino inclusive el veredicto del Pueblo
Soberano, quien en un exprofeso Referéndum había ratificado la vigencia de tal
prohibición, los cuales de nada sirvieron ante la Sentencia expedida por su acólito
Tribunal Constitucional, que declaró que mayor jerarquía jurídica tenía el
Derecho Humano de la reelección presidencial, que dizque el Pacto de San José de
Costa Rica contenía.
Estos dos casos
paradigmáticos que hemos apuntado, el nicaragüense y el nacional, son tan solo
la punta del iceberg de centenares de otros casos más, y que en suma, encarnan el
enorme peligro que suponen los Tribunales y Cortes Constitucionales para las
Democracias, cuando estos pierden su independencia y son cooptados por un Presidente
en carrera dictatorial, pues a partir de ello, toda la institucionalidad democrática,
queda prácticamente inerme para ser acelerada e irremediablemente transformada en
una auténtica Dictadura, pero con rótulo de “Constitucional”, siendo esos los
caminos que ya transcurrieron los nuevos regímenes autocráticos que se han
erguido en los últimos lustros en Latinoamérica.
Esta penosa realidad,
y habrá que reconocerlo con completa honestidad intelectual, nunca fue
desconocida para todos los propugnadores de este novedoso modelo de Justicia
Constitucional, pues desde sus orígenes, destacados académicos y algunos
líderes políticos, apuntaban a su talón de Aquiles, que no es otro que el hecho
que el Tribunal o Corte Constitucional, rompía y hacía añicos el más caro y
eficaz de los postulados democráticos y republicanos, que es el “Principio de
Separación y Equilibrio de Poderes”, ya que el todopoderoso Tribunal Constitucional
en la práctica y so pretexto del control de la constitucionalidad, finalmente termina
concentrando todo el poder en sí mismo, y no existe por parte de los otros
Poderes del Estado, posibilidad alguna de equilibrar ni balancear tal desborde y
extralimitación.
Habida cuenta de esta
penosa constatación empírica, que ha venido a confirmar los vaticinios que
criticaban la adopción de este novedoso modelo de Justicia Constitucional, es que no
sorprende prácticamente a nadie, como se mencionó al inicio de este artículo,
la propuesta electoral de eliminar al Tribunal Constitucional boliviano, puesto
que su absoluta falta de independencia lo hizo, además de vulnerable, más aún, un arma al servicio del autócrata de turno con la cual éste logró liquidar la
Constitución y la Democracia boliviana que paradójicamente tenía que proteger.
